| Dossier |
Un jubilado por cada trabajador
Intereconomía, 9 de mayo 2013.
10-05-2013 |
“En 2060 habrá sólo un trabajador por cada jubilado”
ABC, 9 de mayo 2013.
10-05-2013 |
La familia: una gran lección de solidaridad
Laura Peraita - ABC, 5 de mayo 2013.
05-05-2013 |
Sentirse querido reduce la mortalidad
Laura Peraita - ABC, 29 de abril 2013.
02-05-2013 |
El optimismo puede alargar la vida más de 7 años
F. Rodríguez - La razón, 29 de abril 2013.
02-05-2013 |
Más del 45% de la población española será dependiente en 2032
Europa Press, 29 de abril 2014.
02-05-2013 | | Noticias |
La mediación familiar gana terreno a los juicios por divorcio en Aragón
A. M. B. - Heraldo, 22 de mayo 2013.
22-05-2013 |
El Congreso autoriza recoger firmas para una ILP que prima la custodia compartida en casos de separación o divorcio
Europa Press, 20 de mayo 2013.
21-05-2013 |
Los hogares españoles, en desigualdad
J. V. Echagüe - La Razón, 19 de mayo 2013.
20-05-2013 |
El 30% de los amigos de los adolescentes en las redes sociales son desconocidos
M. J. Pérez-Barco - ABC, 17 de mayo 2013.
18-05-2013 |
Pantalones caídos, ombligos al aire o faldas muy cortas: ¿permitir o prohibir?
Teresa Díaz - La Vanguardia, 15 de mayo 2013.
18-05-2013 |
Un 15% de los jóvenes españoles consume drogas de manera habitual
Marta G. Coloma - El Mundo, 15 de mayo 2013.
18-05-2013 | | Estudios |
Aplicación de factores de sostenibilidad en el sistema de pensiones español: previsiones para el periodo 2012-2050
Ignacio Moral-Arce - Instituto de Estudios Fiscales
20-05-2013 |
Nota informativa sobre el Día Internacional de las Familias 2013
Programa de Familia de Naciones Unidas, 15 de mayo 2013.
19-05-2013 |
Situación de las madres en el mundo 2012
Save the Children, mayo 2013.
08-05-2013 |
Baja parental masculina: relación entre implicación del padre y desarrollo del hijo en la OCDE
Varios - OCDE, 14 enero 2013.
03-05-2013 |
Emancipación juvenil en tiempos de crisis
A. Gentile - Fundación Alternativas, 25 de abril 2013.
27-04-2013 |
Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013
INE, 22 de abril 2013.
23-04-2013 |
| | Opiniones | |
 | Que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio” no aumenta la libertad ni beneficia a los hijos. | |
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La privatización del matrimonio no es la solución
Jennifer Roback Morse - Public Discourse, 10 de marzo 2009.
04-04-2009
 
Una de las soluciones propuestas para el conflictivo debate del matrimonio homosexual es la de que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio”. La sugerencia resulta atractiva, porque parece que saca el matrimonio del ámbito de la discusión política. Se trataría así de replicar una solución como las de mercado, en la que se dejaría a cada uno que decidiera qué significado prefiere para el matrimonio, sin necesidad de ningún acuerdo colectivo. Pero conviene pensar con detenimiento que significa que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio”. |
¿Qué función social tiene el matrimonio? Podemos responder considerando al niño como titular de derechos y preguntándonos qué se le debe. A diferencia de los adultos, el niño no necesita autonomía o independencia. Tiene derecho a mantener la relación con los que le han traído al mundo y a que le cuiden. Por lo tanto, tiene derecho a la estabilidad de la unión de sus padres, aunque no pueda defender este derecho por sí mismo, ni tampoco recibir una satisfacción adecuada cuando no se ha respetado. Los derechos del niño a mantener la relación con sus padres y recibir sus cuidados deben ser protegidos de forma preventiva, antes de que se puedan violar, o no serán protegidos en absoluto.
El matrimonio es una institución de la sociedad de los adultos destinada a proteger los intereses legítimos de los niños. Une a las madres –y, sobre todo, a los padres– a sus hijos y, para ello, une también a los padres entre sí. En consecuencia, el matrimonio es el contexto preferido en cualquier entorno social para la actividad sexual y la crianza de los hijos. El hecho de que algunos matrimonios no tienen hijos es la excepción que confirma esta regla, y utilizarlo como objeción supondría quedarse en una visión reduccionista del matrimonio.
Por eso, el matrimonio no es sólo un ejemplo más de relación mercantil, ni el derecho de familia un apartado más del derecho civil y la regulación del patrimonio. Su razón de ser es la necesidad de atención a los niños, que ni son ni pueden ser considerados parte de un contrato. Son objeto de protección, al tiempo que el matrimonio protege también los intereses de ambos padres en la consecución de un proyecto común: criar a sus hijos.
La aportación del matrimonio como institución es precisamente ésta: a través de una estructura legal mínima, el Estado facilita una tremenda cooperación mutua voluntaria. No se ocupa de los detalles más concretos de esa unión, con tal de que se cumplan unos requisitos básicos. El matrimonio supone el establecimiento de un sistema de cooperación voluntaria a largo plazo entre dos padres, con amplios márgenes para todo lo que no es esencial. Si hacemos que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio”, estaríamos suprimiendo esa cooperación.
¿Qué significaría entonces que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio”? Aparentemente, cualquier pareja –sea del mismo o de distinto sexo– podría elegir cualquier “acuerdo” para regular su relación: todo serían uniones de hecho y no haría falta esa institución por defecto que ahora llamamos matrimonio. Al mismo tiempo, se admitiría que cualquier confesión religiosa bendijera esa unión, siempre que la voluntad de la pareja fuese admitida por el credo de esa religión. Cualquier cosa, desde una boda musulmana que exige que la novia sea virgen hasta un matrimonio de conveniencia, sin más sanción que el castigo moral que la religión correspondiente prescribiera.
Los que hacen esa propuesta alegan que así el Estado sería neutral e imparcial, al no favorecer a ningún grupo religioso ni a ninguna forma concreta de unión. En realidad, se trata de una apariencia engañosa.
El motivo para formalizar un contrato específico –en realidad, de cualquier tipo de contrato– viene siempre dado por lo que la Ley prevé para cuando no existe. Por ejemplo, una seguridad social sólida hace menos necesario que la madre asegure un vínculo estable con el padre. En esos casos, puede resultar menos necesario que el Estado refuerce ciertas condiciones del acuerdo, si percibe que la exclusividad o la estabilidad son reliquias del pasado. Combinando adecuadamente las medidas fiscales, la legislación sobre custodia de los hijos, la educación, la vivienda y otras políticas sociales, el Estado puede favorecer implícitamente la paternidad como una actividad individual o compartida, aunque no lo declare explícitamente.
Por este motivo, pretender que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio” resulta ilusorio. El Estado ejerce una gran influencia en el contenido de los acuerdos entre los ciudadanos a través de los aspectos mencionados y de otros muchos. En realidad, supondría dar un paso atrás en la evolución histórica. En lugar de discutir sobre el matrimonio, supone volver a pelearnos sobre las condiciones previas de su contenido. La “neutralidad del Estado” suena bien en la teoría, pero de hecho es imposible.
En cierto sentido, esto ha sucedido ya desde el momento en que el Estado ha dejado de apoyar las características más básicas del matrimonio: fidelidad y estabilidad. La revolución que ha supuesto el establecimiento del divorcio por mero acuerdo –o incluso unilateral– convierte el matrimonio en algo menos que un contrato. En un contrato, lo normal es que la persona que lo incumple deba compensar a la que ha sido fiel a sus compromisos. Sólo en el matrimonio la Ley permite que el contrato se disuelva por cualquier motivo –o incluso, sin ningún motivo– y que nadie sea responsable de ello.
Se ha dejado a la libre voluntad de las personas el mantenimiento de una relación con la suficiente estabilidad para poder criar a los hijos y que se conviertan en adultos. Salvo que la protección proceda de sus convicciones profundas o de su entorno social, los padres tienen hoy que hacer grandes inversiones de capital humano y social, e irlas renovando durante un largo periodo, con una protección contractual verdaderamente mínima.
Queda entonces muy claro qué significa en realidad que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio”: la eliminación del contrato matrimonial, de sus requisitos más básicos, el desinterés por el apoyo legal a la fidelidad y la estabilidad. Ha desaparecido la presión social a favor de las uniones estables mientras se reconoce que no hay más remedio entonces que la seguridad social debe invertir mucho más en asegurar que las madres no se quedan solas para sacar adelante a sus hijos.
El resultado es que casi nadie se atreve a plantearse una unión para toda la vida. Como en el famoso “dilema del prisionero”*, la estabilidad es beneficiosa para la sociedad, pero se permite a cada pareja que puedan eludir esa responsabilidad.
Algunos alegan que ese absentismo del Estado nos hace más libres. Basta con que echemos un vistazo a las consecuencias del divorcio voluntario para intuir la respuesta. Aunque se nos “vende” como una conquista de la libertad personal, su introducción ha supuesto una mayor intromisión del Estado en las vidas privadas. Los juzgados de familia son, de hecho, una de las instituciones más intrusivas del Estado moderno, con su poder de regular cómo usan su tiempo y su dinero los padres. Quienes se someten a sus decisiones deben someter a ellos prácticamente todas sus actividades privadas. Esto no aumenta la libertad, sino que supone una intromisión del Estado en la vida familiar que no tiene precedentes.
Tampoco es cierto que la pluriparentalidad –ya que ahora no tiene sentido calificarla como “paternidad extramatrimonial– suponga un aumento de la libertad. El estado se ve obligado a intervenir en discusiones de padres que nunca han estado casados entre sí y a los que, por tanto, no une ninguna relación formal. De hecho, las medidas que históricamente se establecían para que los padres que no se casaban proveyeran al sustento y educación de sus hijos lograban mucho más que las sentencias dictadas contra padres divorciados, mientras que todos los contribuyentes deben soportar la inmensa carga de los servicios sociales que el Estado debe dedicar a los menores. Es decir, hay menos libertad tanto desde el punto de vista de la vida privada como de la economía.
Algunos añaden que habría que evitar cualquier regulación legal de las relaciones personales entre personas adultas, limitándose únicamente a las que aseguren la protección de los niños. Si éstas quedan cubiertas, los adultos podrían entonces hacer lo que les plazca.
¿No es eso lo que está sucediendo con los hijos de parejas de hecho? Sin embargo, las consecuencias que deben sufrir no son en absoluto deseables. Su vida es más miserable desde cualquier punto de vista. El hecho de que los hijos de familias monoparentales terminen con tanta frecuencia estando a cargo de los servicios sociales nos indica que sus necesidades no están cubiertas en muchos casos. Deberíamos llegar a un consenso sobre cómo solucionar este problema, en lugar de ampliarlo.
En resumen, no podemos evitar la discusión pública sobre la definición del matrimonio, aunque queramos. De una forma u otra, cada sociedad deber establecer sus preferencias y sus convicciones sobre cuál es el contexto más adecuado para la actividad sexual y la educación de los hijos. De una forma u otra, tenemos que responder a la cuestión de a qué tienen derecho nuestros hijos. Y ese debate nos ayudará a todos cuánto más abierto y honesto sea. En cambio, parece que tratamos de centrarnos en la justicia a los adultos, como si pudiéramos olvidarnos de los más pequeños. Que el Estado “se quite de en medio de la regulación del matrimonio” no es un acuerdo razonable, sino la total abdicación de nuestra responsabilidad de cómo afrontamos la importantísima cuestión de asegurar que se respetan los derechos de nuestros hijos.
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* N. del T. El dilema del prisionero es un ejemplo claro, pero atípico, de un problema de suma no nula. En este problema de teoría de juegos, como en otros muchos, se supone que cada jugador, de modo independiente, trata de aumentar al máximo su propia ventaja sin importarle el resultado del otro jugador. Las técnicas de análisis de la teoría de juegos estándar, por ejemplo determinar el “equilibrio de Nash”, pueden llevar a cada jugador a escoger traicionar al otro, pero curiosamente ambos jugadores obtendrían un resultado mejor si colaborasen. Desafortunadamente (para los prisioneros), cada jugador está incentivado individualmente para defraudar al otro, incluso tras prometerle colaborar. Éste es el punto clave del dilema: ¿cooperarán los dos prisioneros para minimizar la pérdida total de libertad o uno de ellos, confiando en la cooperación del otro, lo traicionará para quedar en libertad?
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